A propósito de la STS 1950/2026: El Pleno del Tribunal Supremo delimita la carga de
la prueba en los accidentes cardiovasculares bajo régimen de teletrabajo flexible
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó, con fecha de 23 de abril de
2026, la Sentencia número 444/2026 (Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina
2505/2024), la cual unifica doctrina en torno a una de las cuestiones más complejas del
Derecho del Trabajo contemporáneo: la valoración de contingencias profesionales y la
calificación jurídica de patologías cardiovasculares de manifestación súbita, como el infarto
de miocardio, sobrevenidas bajo la modalidad de teletrabajo regulada por la Ley 10/2021. El
Alto Tribunal fija un criterio de rigurosa trascendencia dogmática al establecer que la
flexibilidad horaria autoorganizada por el trabajador a distancia no debilita la presunción de
laboralidad establecida en el artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social,
correspondiendo a la parte empleadora y a la Mutua Colaboradora la carga de destruir dicho
nexo causal mediante una prueba en contrario fehaciente.
I. Contexto Fáctico y Conflicto del Juicio de Suplicación
El supuesto enjuiciado trae causa del fallecimiento de una trabajadora que prestaba
servicios en régimen de teletrabajo durante tres días a la semana, disponiendo
contractualmente de un horario flexible comprendido entre las 09:00 y las 19:00 horas, con
una pausa de una hora para la comida no predeterminada por la empresa (pp. 2, 4). En la
jornada del siniestro, la causante fue hallada sin vida en su domicilio alrededor de las 20:00
horas (pp. 3-4). La posterior práctica de la autopsia determinó de forma taxativa que la
muerte se produjo aproximadamente a las 15:00 horas como consecuencia de un shock
cardiogénico por infarto agudo de miocardio, dejando constancia el perito médico de que la
finada presentaba el estómago completamente vacío de restos alimenticios (pp. 3-4).
Mientras que el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid estimó la demanda de
prestaciones por muerte y supervivencia al considerar que el estómago vacío constituía un
indicio sólido de que la empleada no había interrumpido su actividad para comer, la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó dicha resolución (pp. 2, 5). El
órgano de suplicación razonó que, al operar la trabajadora bajo un régimen de flexibilidad
horaria, correspondía a sus derechohabientes demostrar de manera indubitada que el óbito
coincidió temporalmente con la prestación efectiva de servicios (pp. 2, 5). A juicio del
Tribunal Superior, la indeterminación cronológica del evento impedía consolidar el hecho
base de la presunción iuris tantum, calificando la contingencia como enfermedad común
(pp. 4-5).
II. La Valoración de Contingencias y la Naturaleza Compleja del Infarto en el Ámbito
Laboral
La valoración de contingencias —el proceso técnico-jurídico dirigido a determinar si la
causa de una lesión o fallecimiento es común o profesional— adquiere una complejidad
extraordinaria cuando la patología enjuiciada es de carácter cardiovascular, como el infarto
de miocardio (pp. 4, 6). El Tribunal Supremo aborda este problema dogmático recordando
que, si bien el infarto responde a un proceso biológico subyacente que puede originarse por
factores de tipo común (afecciones coronarias previas, tabaquismo o hiperlipemia), es de
general conocimiento científico y clínico que las tensiones, esfuerzos y exigencias
inherentes a la ejecución del trabajo actúan con frecuencia como un factor desencadenante,
coadyuvante o concausal en la eclosión de la crisis cardiaca (pp. 6, 11).
Por ello, la doctrina unificada por la Sala Cuarta reitera que el ordenamiento jurídico
español no exige que el trabajo sea la causa exclusiva o directa de la dolencia para que
esta merezca la consideración de accidente de trabajo (pp. 11, 13). Basta con que concurra una conexión mínima en el plano causal (p. 11). La valoración de la contingencia debe
abordarse bajo la premisa de que las lesiones cardíacas no son, por su propia naturaleza,
ajenas a las relaciones causales de carácter laboral (pp. 10-11).
Consecuentemente, el Pleno ratifica que la presunción del artículo 156.3 de la Ley General
de la Seguridad Social no decae ni se enerva por el hecho de que el operario arrastrase
molestias preliminares en momentos anteriores al infarto, ni tampoco porque padeciese
patologías crónicas previas (pp. 4, 6). La aparición y debut de la sintomatología lítica o el
desencadenamiento súbito de la crisis cardiovascular dentro del espacio y el tiempo de
trabajo determina irremediablemente el origen profesional de la contingencia, salvo que se
acredite la absoluta y evidente carencia de relación entre la actividad laboral y el hecho
dañoso (pp. 4, 11).
III. El Fundamento de la Casación: Inversión de la Carga de la Prueba en el Teletrabajo
El Tribunal Supremo, bajo la ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Martínez Moya, casa y
anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aplicando los principios
expuestos a las particularidades del trabajo a distancia (pp. 1, 13). La resolución
fundamenta la estimación del recurso sobre una escrupulosa interpretación de las normas
reguladoras de la carga probatoria articuladas en el artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (pp. 3, 8). El Alto Tribunal recuerda que, formalizado el acuerdo de teletrabajo, el
domicilio del empleado adquiere la condición formal y material de «lugar de trabajo» (pp. 5,
10). El debate litigioso queda circunscrito estrictamente a la verificación del elemento
cronológico, esto es, el «tiempo de trabajo» (pp. 10-11).
La Sala Cuarta determina de manera apodíctica que la flexibilidad horaria que asiste al
teletrabajador no puede mutar en una herramienta procesal que debilite su posición jurídica
o la de sus sucesores (pp. 12-13). El Alto Tribunal vincula esta afirmación con las
obligaciones imperativas de control patronal, señalando que, conforme a los artículos 34.9
del Estatuto de los Trabajadores y 14 de la Ley 10/2021 de Trabajo a Distancia, el
empresario se encuentra obligado a implantar un sistema de registro de jornada objetivo,
fiable y que refleje fielmente el inicio, la finalización y los tiempos de descanso de la
actividad laboral (pp. 4, 10).
En el supuesto analizado, la omisión patronal al no aportar el registro detallado de la
jornada genera una imprecisión cuyos perjuicios procesales no pueden ser trasladados a la
parte demandante (pp. 5, 12). Sostiene el Tribunal Supremo que, constando acreditado por
la autopsia que la muerte acaeció dentro de la franja generalizada de disponibilidad pactada
(a las 15:00 horas) y concurriendo el indicio unívoco del estómago vacío —compatible con
la continuidad de la jornada laboral sin interrupción para el descanso alimenticio—, se debe
dar por plenamente configurado el hecho base cronológico de la presunción legal (pp. 4,
12).
A partir de este hito procesal, opera de forma inmediata la inversión de la carga de la
prueba ex artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social (pp. 4, 11). Corresponde
en exclusiva a la empresa o a la Mutua Colaboradora demostrar de forma concluyente e
incontrovertible la ruptura del nexo causal, aportando datos de control que certifiquen que el
trabajador había finalizado su jornada diaria o se encontraba en un período de descanso
efectivo y ajeno a sus funciones (pp. 11-12). Al no haberse producido dicha actividad
probatoria en contrario, la calificación del infarto como accidente de trabajo se torna
imperativa (p. 13).
IV. Implicaciones Clínico-Jurídicas y Litigiosidad Modernizada
La doctrina establece en la STS 1950/2026 redefine el estándar exigible para la defensa de
intereses tanto en el plano de la representación de particulares como en el de la asesoría
corporativa (pp. 1, 13). El fallo delimita que los accidentes cardiovasculares sufridos en el
entorno doméstico durante el teletrabajo flexible gozan de una protección institucional
reforzada (pp. 9-10). Las Mutuas de Accidentes de Trabajo no pueden denegar de forma
sistemática el origen profesional basándose en la mera flexibilidad horaria; están
constreñidas a aportar pruebas informáticas o telemáticas exhaustivas si pretenden eludir la
responsabilidad prestacional (pp. 9, 12).
Para las corporaciones y empresas, esta jurisprudencia eleva exponencialmente el riesgo
patrimonial. La falta de implantación o control efectivo de los mecanismos de registro de
jornada de los empleados a distancia ya no solo constituye una infracción administrativa
sancionable por la Inspección de Trabajo, sino que, ante un siniestro cardiovascular,
inhabilita la capacidad de defensa procesal de la mercantil en vía judicial (pp. 10, 12). Ello
expone a las compañías de forma directa a la asunción de indemnizaciones por daños y
perjuicios, así como a la eventual imposición de recargos de prestaciones por omisión de
medidas de seguridad y salud laboral (pp. 6, 13).
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