LAS INDEMNIZACIONES POR LA ADMINISTRACION DE LAS VACUNAS

Hace unos pocos días han salido a la luz los detalles de los contratos suscritos entre la Comisión Europea y las farmacéuticas PFIZER y MODERNA que han lanzado las vacunas contra el COVID19. Dicho conocimiento es importante a los efectos de clarificar a quién deben dirigirse los posibles perjudicados por las complicaciones y efectos adversos derivados de las vacunas que se están suministrando a la población de forma masiva.

Los contratos son importantes especialmente si, como parece, sí se está relacionando el suministro de algunas vacunas (AstraZeneca y Janssen) con la aparición de trombosis que han llegado a producir la muerte en alguno de los pacientes, existiendo varios casos registrados en nuestro país.

Como es conocido, se ha procedido a la suspensión de la vacunación con AstraZeneca este pasado mes de marzo, tras detectar varios casos de trombos extraños entre ciudadanos que habían recibido el suero días antes. Estos eran en su mayoría trombos en las venas abdominales y en los senos venosos cerebrales e iban acompañados de una trombocitopenia, es decir, una bajada de plaquetas y al que se le ha denominado “síndrome de trombocitopenia inmunitaria protrombótica inducida por la vacuna (VIPIT)”. Efectos similares también se ha producido con la vacuna de Janssen, aunque sin tanta difusión.

Siendo así las cosas, la pregunta es quién o quiénes deberán sufragar las cuantiosas indemnizaciones que puedan derivarse de ese suministro masivo de vacunas en caso de efectos secundarios o de lesiones en la población.  Evidentemente ello ha sido previsto en los contratos firmados entre la Comisión Europea y las distintas farmacéuticas.

En los dos contratos que se han conocido se establece que la responsabilidad es exclusiva de cada Estado Miembro participante. Este será el que finalmente indemnizará y asumirá la responsabilidad también de cualquier otro agente que haya intervenido, y asumiendo no solo las indemnizaciones sino también los costes legales incurridos en la defensa de las reclamaciones de terceros (incluyendo los honorarios de abogados y otros gastos) en relación con los daños, perjuicios y pérdidas que surjan o estén relacionados con el uso y despliegue de las vacunas en la jurisdicción del Estado miembro participante en cuestión.

Los Estados no tendrían que afrontar las indemnizaciones en caso de “mala conducta voluntaria” del perjudicado; o bien que esos perjuicios hayan sido causados por un incumplimiento de las Buenas Prácticas de fabricación (conforme a los requisitos de las directivas europeas), o que haya dado lugar a un defecto de calidad en la vacuna en el momento de cada entrega y que haya dado lugar a que la autoridad reguladora competente retire o suspenda el suministro de la vacuna, o a que la Comisión Europea retire o suspenda la autorización.

Las INDEMNIZACIONES corresponderían a compensaciones por MUERTE, LESIONES físicas, mentales o emocionales, enfermedades, discapacidades, pérdida o DAÑOS de una propiedad, PÉRDIDAS ECONÓMICAS o interrupciones de la actividad económica.

Esa distribución de responsabilidades no sería acorde con aquello que establece la Directiva europea de responsabilidad por daños de los productos, que atribuye en exclusiva la responsabilidad a la empresa farmacéutica.

En cualquier caso, esos contratos, como tales, no son oponibles a los ciudadanos por ser terceros ajenos a los mismos, facilita la vía de reclamar la responsabilidad patrimonial del propio Estado, evitando para el paciente un peregrinaje de jurisdicciones así como que se enfrente a las poderosas farmacéuticas con sus ingentes medios a su disposición.

En cualquier caso, no podemos olvidar que conforme a la D. Adicional 11ª de la Ley del Medicamento son las autoridades quienes, en último término, deben de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos y la protección de los pacientes.

En definitiva, y a salvo del exacto conocimiento de los contratos suscritos entre la Comisión Europea y AstraZeneca y Janssen, precisamente aquellas vacunas que han evidenciado los efectos secundarios más graves, se abre una nueva vía para la reclamación de la responsabilidad patrimonial del Estado previsto en el art. 106.2 de la Constitución Española y desarrollado en los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015.